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Presiones dentro de Cambiemos frenaron el plan de Iguacel.

El retroactivo por la suba del dólar no se cobrará a usuarios sino que lo asumirá el Estado y las empresas. La clave: una reunión de Frigerio con senadores

Desde que se conoció la resolución 20/2018 que define un nuevo aumento de la tarifa en 24 cuotas, no solo la oposición hizo saber su malestar. Desde la alianza de Gobierno, el radicalismo puso el grito en el cielo.

Cuestionaron públicamente la medida desde los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo –referente nacional de la UCR- y el de Jujuy, Gerardo Morales, al senador por Santa Cruz, el correligionario Eduardo Costa. La interna caló hondo y, luego de que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, desfilara este miércoles por el Senado, el Gobierno definió dar de baja la medida.

La decisión la confirmó el ministro Frigerio, quien aseguró a los senadores del oficialismo que el Ejecutivo se hará cargo del aumento adicional retroactivo de la tarifa del gas.

Mientras eso sucedía, se hacía trascender desde la oposición que se intentaría tratar en la sesión prevista para las 15 un proyecto para derogar el polémico aumento. De hecho, la cuestión figuraba en el orden del día.

 

 

Al ser consultado sobre la propuesta que dio a conocer este miércoles la UCR, de que el 50% del aumento previsto sea absorbido por las empresas productoras de gas y el resto afrontado por el Gobierno, Frigerio respondió: "Estamos trabajando en eso".

Y fue justamente eso lo que se resolvió.

 

 

Así las cosas, y considerando que hay una deuda de 20 mil millones de pesos, la UCR propuso "en virtud de la teoría del sacrifico compartido", que "el 50% de esta suma sea absorbida por las Empresas Productoras de Gas y que la suma restante de 10 mil millones de pesos sea afrontada por el Gobierno Nacional" en calidad de subsidio a los usuarios, incluyendo este ítem en el Presupuesto que se está discutiendo".

Una de las medidas de compensación que se propuso como alternativa fue cobrar retenciones a la exportación de gas.

Sobre el final de su propuesta, se solicitó "que se arbitren medidas que permitan un abordaje sistémico y con impacto equilibrado sobre todos los sectores involucrados, de manera que las derivaciones de cambios en la paridad cambiaria no tengan a los usuarios domiciliarios como únicos pagadores".