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Dante Sica sondeó a más de 50 dirigentes sindicales y empresarios con la intención de tratar el proyecto de blanqueo laboral en marzo en el Congreso.

El Gobierno avanza en negociaciones sigilosas para relanzar la reforma laboral.

Este será el cuarto intento en la gestión de Mauricio Macri, está vez liderado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien en las últimas semanas sondeó a más de 50 dirigentes sindicales y empresarios de diversas actividades con la intención de tratar el proyecto de blanqueo laboral en marzo en el Congreso.

Una iniciativa que será acompañada de acuerdos en las mesas sectoriales para acelerar la rebaja de aportes patronales, reducir el ausentismo e introducir convenios por empresa, siguiendo el caso testigo de los petroleros de Vaca Muerta.

La idea es aprovechar el inicio de sesiones parlamentarias para debatir en principio uno de los tres proyectos oficiales presentados a fines de abril del año pasado y que apunta a la formalización de unos 300.000 trabajadores mediante la condonación de deudas por aportes y contribuciones patronales junto con las multas por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que regularicen la situación de su personal.

Además del impacto electoral que el oficialismo busca capitalizar con una ley destinada a combatir la informalidad, el apuro del ministro responde a los cambios que observa en el ánimo de los inversores atraídos cada vez más por la ola de privatizaciones que anunció en las últimas horas el nuevo gobierno de Brasil, presidido por Jair Bolsonaro, y que incluye una profundización de la agresiva reforma laboral iniciada por su antecesor Michel Temer.

Otro factor que acorta los plazos es la asistencia financiera del FMI, que en su último memorándum volvió a insistir en generar consenso para avanzar en cambios laborales y jubilatorios. Hay una motivación adicional: si las empresas se acogen al plan oficial, también subirá la recaudación.

Lo que se busca,  es facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación de los trabajadores en nuevas tareas. Pero los sindicatos se mostraron recelosos del fenómeno del monotributismo impulsado por las nuevas plataformas de comida rápida y servicios de transporte por considerarlos un fraude laboral, al tiempo que se quejaron por el congelamiento desde 2015 de unos 20.000 expedientes gremiales en la Secretaría de Trabajo, que impiden la certificación de autoridades, el reconocimiento de nuevos sindicatos y la homologación de convenios colectivos.

 

 

El proyecto de blanqueo laboral del macrismo incluye una reducción de la base de cálculo de la indemnización por despido y un fondo de cese laboral, una suerte de subsidio de desempleo que se alimenta de los aportes patronales pero que excluye del cálculo del despido las horas extras, aguinaldo y otros beneficios no remunerativos

Estos son algunos de los principales puntos que modifican la Ley de Contrato de Trabajo y generan rispideces en los sectores más duros del sindicalismo. Lo mismo ocurre con otro proyecto que reintroduce el sistema de pasantías, mientras que el tercero, por el cual se crea una agencia de evaluación tecnológica médica, es el más aceptado por los gremios.