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El vicepresidente de la Confederación General Empresaria reclamó una moratoria fuerte para poder hacer frente a las deudas impositivas.

El vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Ariel Aguilar, afirmó que la deuda impositiva de las Pymes "la generó la propia política económica del gobierno" y reclamó una "moratoria en serio" para que las empresas puedan pagar. Además agregó que en el 2017 "más de 150.000 pymes sufrieron embargos de la AFIP y se calcula que el año pasado ese número creció entre un 20% y un 30%, porque las empresas no pueden pagar los impuestos por la propia crisis que generó el Gobierno".

 

"Queremos que se aplique una verdadera moratoria, la pedimos hace ocho meses, previendo esta situación, y todavía estamos esperando una respuesta", se quejó Aguilar después de que el Gobierno subiera hasta 50% las tasas de interés de las deudas impositivas.

"Nosotros pedimos una moratoria en serio, con un año de gracia, condonación de intereses, plan de 60 cuotas al 1 por ciento mensual, y lo hicimos en junio del año pasado y todavía estamos esperando una respuesta", dijo el vicepresidente de la CGERA.

Aguilar explicó que el plan de facilidades de pago de la AFIP "es inaplicable porque exigen un anticipo del 15% de la deuda, cuando ni siquiera se puede pagar los impuestos y después 48 cuotas con intereses que ya eran altos y ahora los acaban de subir".

Además advirtió que "está aumentando el numero de empresas en convocatorio de acreedores" y señaló que "es perverso pensar que las empresas nos estamos financiando con la AFIP, cuando día a día cierran mas empresas, se pierden puestos de trabajo y los empresarios pasan más tiempo negociando deudas con el organismo que en sus empresas.

 

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió este lunes una carta al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para expresar "profunda preocupación" por el aumento en los intereses punitorios y advertir sobre "la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre" de Pymes.

"Consideramos que, en un contexto recesivo en el que la actividad acumula trece meses con descenso de ventas y aumento de costos y servicios, la referida actualización de montos por incumplimiento fiscal generará la posibilidad de que el propio Estado lleve al cierre de pequeñas y medianas empresas que se encuentran asfixiadas por la actual situación económica", alertó.

En el documento, la entidad buscó de ese modo exponer la "profunda preocupación" ante la Resolución 50/2019, publicada el 7 de febrero en el Boletín Oficial.

"Lejos de entender el incumplimiento como estrategia especulativa, las pymes, que hemos advertido en más de una ocasión la creciente transferencia de recursos del sistema productivo al financiero, reclamamos que se reconsidere esta disposición con el objeto de resguardar al ya dañado sistema productivo nacional, responsable del 70% del empleo argentino", apuntó.