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Se trata de la Ley 27519, que prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 108, del 2002, y crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

El Gobierno oficializó la ley que prorroga la emergencia alimentaria hasta 2022, la cual había sido decretada por el Congreso con la sanción del Senado el 18 de septiembre pasado.

Se trata de las Ley 27519, que prorroga la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 108, del 2002, y crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

Tras ser sancionada por el Congreso, luego de un tire y afloje por el impuso de la oposición y las reticencias del oficialismo, la ley fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Por la norma, entre otras medidas, se dispone "un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Además, se "faculta a partir del 1° de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Para eso, indica el decreto, se tomará "como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas no alcohólicas del Índice de Precios al Consumidor y la variación de la Canasta Básica Alimentaria, que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos".

Además, faculta al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".

"Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad Servicios Sociales", dice.

El decreto recuerda que el "derecho humano a una alimentación adecuada se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional que apruebe el Congreso de la Nación".