Por Ana Copes* El caso de la bebé que fue "vendida" por su abuela conmueve a la ciudad de Esperanza. Si bien esta situación no es  normal para mi ciudad, lamentablemente en Argentina pasa con más asiduidad de la que imaginamos. El Estado está en deuda con la sociedad, ya que esta problemática no está tipificada: por eso este año presenté un proyecto de ley, que busca penalizar a quienes hacen negocio con las adopciones.

 

Es importante que recordemos uno de los casos más relevantes que dieron cuenta de las falencias de nuestra legislación: el caso "Fornerón e hija vs Argentina", donde el Sr. Fornerón denunció al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos, como producto de la entrega de su hija recién nacida a un matrimonio de la provincia de Buenos Aires.

 

Ya en el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación con este caso asegurando que "el Estado argentino incumplió la obligación de adoptar las disposiciones de derecho interno al no impedir por todos los medios, incluyendo la vía penal, la 'venta' de un niño o niña". A 5 años del pronunciamiento de la CIDH, Argentina continúa teniendo un vacío legal al respecto.

 

El eje principal de la iniciativa que desde el Partido Demócrata Progresista presentamos en el Congreso de la Nación busca preservar el interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, procurando así su desarrollo en un ámbito saludable.

 

Por estos motivos, es que una de las grandes modificaciones que incorporamos es la de tipificar el delito conocido como 'venta', que en nuestro proyecto lo definimos como la entrega a un tercero de una persona menor de edad con el objeto de establecer una relación análoga a la filiación.

 

Desde ya que comprendemos la diversidad de situaciones que pueden existir y por eso nuestro proyecto reconoce la posibilidad de reducción de pena (o incluso exención) para los casos en los que el juez considere que los progenitores se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social.

 

En definitiva, creemos que el Estado argentino debe tipificar este delito no sólo para responder a los compromisos internacionales asumidos sino, por sobre todas las cosas, para resguardar el derecho la identidad de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

 

*Diputada Nacional. Partido Demócrata Progresista.